Desde su creación, de los expedientes ingresados más de la mitad (54%) no avanzan a instancias formales. Un dato clave que marca el rol de los colegios y los riesgos de la desregulación del sector
En un contexto donde los conflictos vinculados al ejercicio profesional requieren respuestas técnicas e institucionales adecuadas, el Tribunal de Ética y Disciplina de COCIR cumple una función esencial de control del ejercicio profesional, garantizando el cumplimiento de las normas éticas que regulan la actividad inmobiliaria.
Un informe técnico elaborado por el equipo del Tribunal relevó la totalidad de las actuaciones tramitadas desde la creación del organismo hasta el año 2025, registrándose el ingreso de 301 causas.
El análisis estadístico evidencia que, entre los años 2012 y 2016, se produjo un crecimiento inicial de las actuaciones, seguido posteriormente de una etapa de estabilización institucional, coincidente con la aprobación del nuevo Reglamento del Tribunal de Ética y Disciplina en julio de 2015. Desde entonces, el promedio de ingreso se mantiene en aproximadamente 21 causas anuales.
El informe también refleja la existencia de un importante filtro técnico desarrollado por el Tribunal en el tratamiento de las denuncias, mediante el análisis preliminar de admisibilidad, procedencia y sustento de cada presentación. Se trata de 301 expedientes analizados de los cuales más de la mitad (54%) no avanzan a instancias formales. Estos se dividen entre archivados (107 casos) y desestimaciones (56).
Vale la pena destacar que cuando hablamos de casos archivados, se hace referencia a causas donde se analizan los requisitos de admisibilidad y no ameritan tratamiento, es decir no está constituida una falta ética en el análisis preliminar.
Otro dato importante del informe es que el 18% de las causas se resuelven mediante mecanismos alternativos, como acuerdos conciliatorios, suspensiones de juicio a prueba o procedimientos abreviados. Aquí aparece con fuerza el rol institucional del Tribunal con un enfoque que promueve soluciones consensuadas.
“Esto es muy relevante, ya que habla de una institución que no se limita a sancionar, sino que evalúa con criterio la consistencia de cada denuncia. En términos prácticos, implica proteger tanto a los profesionales como al sistema en su conjunto de conflictos infundados o mal planteados”, opinó la presidenta de COCIR, Cristina Peracchia.
En este sentido, el funcionamiento del Tribunal demuestra que su intervención no se limita exclusivamente a la imposición de sanciones, sino que constituye una herramienta institucional de control, depuración técnica y organización del ejercicio profesional, fortaleciendo la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza en la actividad inmobiliaria.
El rol estratégico del tribunal
Los datos relevados permiten además observar una consolidación progresiva del sistema disciplinario, con criterios técnicos cada vez más definidos y procedimientos que garantizan equilibrio entre el debido control profesional y la razonabilidad en la actuación institucional.
